45 Derrames de hidrocarburos en la Amazonía - 2020 hasta el 2021 -


Desde marzo de 2020 hasta julio de 2021, se registraron 45 derrames de hidrocarburos en la región Loreto. Casi la mitad de ellos ocurrieron en el Lote 8, administrado hasta el momento por Pluspetrol Norte, empresa en liquidación que busca abandonar sus operaciones sin remediar los sitios contaminados –identificados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)– en los territorios indígenas de la Amazonía. Sin embargo, una medida cautelar interpuesta por el Estado peruano le impide desvincularse del contrato por el Lote 8, que sigue vigente hasta el 2024.



Morimos lentamente en las comunidades, el agua que consumimos está contaminada con petróleo”, dice Aurelio Chino Dahua, de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep) El líder de Loreto es una de las voces de la Amazonía que reclama la remediación de los sitios afectados por Pluspetrol Norte. El año pasado viajó desde su comunidad, en Loreto, hasta los Países Bajos, para quejarse formalmente por los abusos de esta empresa petrolera ante el Punto de Contacto Nacional con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos del gobierno holandés, pues la matriz de la empresa se encuentra en Ámsterdam, a través de Pluspetrol Resources Corporation B. V.


Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), desde el 26 de marzo de 2020 hasta el 24 de julio de este año se produjeron 45 derrames de petróleo en Loreto. De estos, 22 ocurrieron en el Lote 8, administrado por Pluspetrol Norte, empresa que busca liquidar sus activos en Perú sin reconocer los daños ambientales y remediarlos, pero que no lo ha logrado hasta ahora debido a una medida cautelar interpuesta por el Estado peruano.


Pluspetrol Norte S. A. empezó a operar el Lote 8 en 1996 y su contrato tiene vigencia hasta 2024. Pero, en diciembre del año pasado anunció su liquidación. ¿El motivo? La empresa alegó un supuesto atropello a sus derechos por la desaprobación de su tercera propuesta del Plan de Abandono del Lote 192 —que operó hasta el 2015— y la imposición de sanciones por parte de las autoridades ambientales peruanas, que la compañía califica como abusivas. Sin embargo, dicha liquidación no se ha concretado hasta ahora porque PeruPetro S. A. (entidad estatal que negocia, suscribe y supervisa los contratos de hidrocarburos en Perú) interpuso una medida cautelar para evitar el abandono de Pluspetrol.


El recurso legal interpuesto por PeruPetro fue aceptado el 26 de abril de este año por el 11° Juzgado Civil Subespecialidad Comercial de Lima. La medida cautelar ordena “abstenerse de realizar cualquier acto relacionado a la entrega de los activos del Lote 8, el retiro del contratista o cualquier acto que ponga en riesgo la continuidad del contrato de licencia”. Asimismo, exhorta a suspender el procedimiento de liquidación de Pluspetrol Norte, mientras no se resuelva el arbitraje internacional iniciado por la petrolera.


PeruPetro informó que desde el 19 de abril de 2020 no hay producción de petróleo en el Lote 8, debido a una situación de fuerza mayor comunicada por Pluspetrol Norte y que la misma se originó por la emergencia sanitaria. “A la fecha, los pozos siguen cerrados”, precisaron. Sin embargo, la entidad indicó que Pluspetrol Norte S. A. y otras tres empresas que conforman al contratista “son responsables del cuidado, conservación y mantenimiento de las instalaciones y equipos en el Lote 8, así como de cumplir las demás obligaciones previstas en el contrato vigente”.


En Loreto vive la mayor cantidad de indígenas peruanos: 1.638 comunidades pertenecientes a 32 pueblos. La región registra un índice de pobreza de 33,1 % y solo el 14,9 % de las familias cuentan con agua potable en sus viviendas.


Fuente:OEFA y PeruPetroDescargar los datosCreado con Datawrapper


Otros 15 derrames registrados durante la pandemia ocurrieron en el Lote 192, que fue operado por la empresa Frontera Energy del Perú S. A. desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2020, y previamente por Pluspetrol Norte. Además, cuatro de estos incidentes corresponden al Lote 95, operado por Petrotal Perú S. R. L. Allí el año pasado tres indígenas kukamas fallecieron por la represión policial durante una protesta contra esta empresa.


El OEFA inició 45 procesos administrativos sancionadores contra las cinco compañías petroleras que operan en la región. El organismo estatal busca determinar si las empresas incumplieron su responsabilidad ambiental y si realizaron un mantenimiento correcto a sus equipos e instalaciones.


La socióloga Aymara León Cépeda, del equipo de asesores de las Federaciones de las Cuatro Cuencas de los Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (Puinamudt), explicó que, aunque existe normativa que permite sancionar a las empresas por daños ambientales desde el 2007, los procedimientos son muy lentos. “Pueden pasar años para que una empresa reciba una sanción, lo cual genera una sensación de abandono y desprotección. Mientras se sigue el procedimiento administrativo, la población sufre los impactos ambientales”.



Para remediar los pasivos ambientales, las empresas deben presentar un plan de abandono del área, que debe contemplar acciones concretas. Según la relación priorizada de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos del Minem hasta febrero de este año, en el país existen 3.389 pasivos ubicados en Piura, Tumbes, Amazonas, Loreto, Ucayali y Madre de Dios. De todos ellos se hará cargo el Estado peruano porque en ninguno de los casos se identificó a los responsables.


En ese sentido, a la fecha, el Minem tiene 30 planes para rehabilitar 32 sitios afectados por esta actividad, que se localizan en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre, en la región Loreto. En febrero pasado, por ejemplo, se aprobó el Plan de Rehabilitación en la cuenca del río Corrientes. Allí se realizarán trabajos para remediar los suelos contaminados y reforestar el área, luego de una evaluación de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos.


Si bien se han priorizado 30 planes, aún faltan otros sitios por remediar en las cuencas del Pastaza, Marañón y Tigre. “Años de explotación petrolera y solo hemos visto perjuicio. No nos vamos a callar hasta que cumplan con remediar el daño”, señaló el apu Chino Dahua, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza.


Lissette Vásquez, adjunta de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, explicó que, aunque la norma regula la responsabilidad por los daños ambientales, las empresas administradoras de los lotes petroleros aplican diversos mecanismos legales para no asumir su responsabilidad. “Los daños son permanentes porque las cuencas no han sido limpiadas adecuadamente por las empresas y los indígenas siguen expuestos a los metales pesados”, dijo.



El estudio, realizado con 1.168 habitantes, reveló que el 57 % de las comunidades indígenas ubicadas en las cuencas Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, en la región Loreto, estuvieron expuestas a altos niveles de metales tóxicos, que pueden afectar la salud.


La investigación señala, además, que el 20,1 % de niños menores de 12 años presentaba niveles de plomo en la sangre por encima del valor referencial (5 miligramos por decilitro). El 47,8 % de esta población también reportó niveles de arsénico en orina mayores al máximo permitido (20 ug/g creatinina), mientras el 24,8 % de niños menores de 12 años tenía valores de mercurio en orina superiores al máximo permitido (5 ug/g creatinina).


“Si estos hechos [derrames de petróleo] ocurrieran en una zona conocida de Lima no se esperaría tanto para solucionarlo. Sin embargo, los pueblos indígenas llevan más de 50 años reclamando ser atendidos. En la actualidad, son vistos como obstructores al extractivismo por proteger sus territorios”, explicó el antropólogo Alberto Chirif.


Para evitar la impunidad de las empresas petroleras, Vásquez propone que se reconozcan a las organizaciones de vigilancia ambiental indígena como parte del sistema de monitoreo. De esa manera, ellos podrán advertir sobre los daños ambientales en tiempo real. También indicó que la norma debe considerar que las empresas con reiteradas sanciones administrativas y multas por daños ambientales sean impedidas de concursar para la administración de nuevos lotes petroleros.


Los daños de Pluspetrol Norte


El OEFA identificó 1.953 sitios impactados por la operación de Pluspetrol Norte S. A. en el Lote 8, desde que inició sus operaciones, en 1996, hasta julio de este año. En ese marco, la autoridad ambiental solicitó a la compañía la remediación ambiental de los lugares afectados.


En ese mismo período, la empresa cometió 55 infracciones ambientales, cuyas multas no han sido canceladas hasta el momento. La petrolera adeuda al Estado 6 '933.158 UIT, es decir más de S/30 mil millones al cambio actual; y mantiene 141 procesos administrativos pendientes de resolver. Uno de los casos más relevantes es el derrame de petróleo en la Reserva Nacional Pacaya Samiria, de 2012. Aquella vez, Pluspetrol recibió una multa de más de S/30,9 millones por no remediar los suelos según su Plan Ambiental Complementario (PAC).


Pluspetrol Norte S. A. también registra antecedentes negativos de su periodo a cargo del Lote 192 (antes 1 -AB). El OEFA indicó a que la empresa es responsable de 1.297 sitios afectados entre el 2000 y el 2015, año en el que la empresa concluyó su administración en el lote ubicado en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre.


“El Plan de Abandono de Pluspetrol fue desaprobado en tres ocasiones. En consecuencia, será el Profonampe (fondo ambiental) el encargado de elaborar y ejecutar la remediación de esos 1.297 sitios impactados, con cargo a la garantía [USD 5,5 millones] otorgada por la empresa”, precisó el organismo ambiental a este medio.

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